La objeción de conciencia, que había sido recibida como un problema engorroso y subversivo por el franquismo y por los primeros gobiernos de la Transición, tampoco fue reconocida como un derecho cuando pudo serlo, es decir, cuando se redactaba la Constitución. Se despachó la cuestión de la objeción de conciencia como un motivo más de exención del Servicio Militar Obligatorio.